La Tigresa vuelve a su tierra por obra y gracia de Rubalcaba

Idoia López Riaño es la terrorista más sanguinaria que ha parido la bestia de Eta. Por alguna razón que se me escapa, la apodaron la "Tigresa", lo cual me parece un insulto hacia esos felinos, que a su lado son gatos de angora pacifistas.


Hasta donde sabemos, esa carroñera asesina no se ha arrepentido de sus crímenes ni ha hecho declaración alguna pidiendo perdón a sus víctimas. Sin embargo, el gobierno del señor Zapatero la concede la gracia de ir a parar a una prisión del País Vasco. No sabemos si en premio a su capacidad por cazar ratones en las prisiones donde ha estado antes o como pago por sus servicios en el proceso de negociación -versión bis- con la banda armada.


Por supuesto, a quienes perdieron a un familiar gracias a las capacidades cinegéticas de esa alimaña no se les ha consultado para saber su opinión sobre semejante beneficio penitenciario. Pero al fin y al cabo, ¿a alguien le extraña que este gobierno ningunee y desprecie a las víctimas de Eta? Está en el ADN de Zapatero, que necesita a Eta para destruir lo que queda de España.


Cuando Mayor Oreja dijo que el gobierno y Eta seguían encamados, se le echaron encima toda la progresía gubernamental y algún Judas de su propio partido. Hoy el tiempo nos demuestra que el político pepero vasco no sólo tenía razón sino que probablemente se quedó corto. El traslado de la tigresa es como la foto del marido que le pone los cuernos a su esposa con una puta. En este caso la esposa es España y la puta se llama Eta.


Ahora bien, está por ver que la mujer cornuda haga algo. Más bien creo que actuará como si no hubiera pasado nada. O, peor aún, puede que le pida a su marido que la próxima vez la permita unirse a la orgía para formar un trío. Y es que esta nación hace tiempo que se ha perdido el respeto a sí misma y a sus mejores hijos. Esos que dieron su sangre por defender su unidad.


Luis Fernando Pérez

Cataluña prohíbe las corridas de todos

Estaba anunciado pero parecía que algunos se resistían a creerlo. El parlamento de Cataluña acaba de prohibir las corridas de todos. El veto se ha decidido por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. La prohibición se hará efectiva el 1 de enero del 2012 al refrendarse una Iniciativa Popular avalada por 180.000 ciudadanos.

Habrá quien piense que detrás de esa medida hay un amor por los animales. Ciertamente hay muchas personas a las que les resulta muy molesto el que se pique, banderillee y mate a un toro para entretener al personal, pero seríamos muy ingenuos si creyéramos que los diputados catalanes pensaban en eso al votar esa ley. Lo que buscan, clara y nitidamente, es dejar bien claro al mundo entero que ellos son algo diferente de España. Y van camino de conseguirlo.

Como quiera que me da mucha grima volver a escribir sobre la cuestión catalana, prefiero centrarme en lo que supone el hecho de que en democracia sea más fácil intentar salvar la vida de los toros que la de los niños no nacidos. No sé si habría alguna posibilidad de recoger las firmas de 180.000 ciudadanos de Cataluña para prohibir las "corridas de nonatos" en las clínicas abortistas catalanas. Quizás si el Abad de Montserrat y el Copríncipe de Andorra se pusieran a ello, lograrían semejante hito. Pero una iniciativa de ese tipo no tendría la menor posibilidad de ser aprobada en el "Parlament". Ni afecta a la identidad "nacional" (se aborta igual en Madrid que en Barcelona) ni forma parte de lo políticamente correcto. Vale más la vida de un toro que la de un ser humano.

La única curiosidad que me queda por satisfacer es ver hacia dónde evolucionarán las cosas en este país. Me dan ganas de irme a otro para verlo desde la distancia, porque me huelo que el panorama se puede poner muy feo antes de lo que nos imaginamos. Pero no puedo emigrar. Y tampoco me gusta ser de las ratas que abandonan el barco antes de hundirse.

Luis Fernando Pérez

Moratinos, te han pillado

Leo lo siguiente en la Agencia Efe:

El ex canciller mexicano Jorge Castañeda criticó el papel de España en la reciente liberación de presos políticos cubanos, en una entrevista que publica hoy el diario Folha de Sao Paulo.

"Moratinos apareció sin ser invitado y trató de obtener beneficios por algo que no hizo. La liberación fue un triunfo de (el activista cubano) Guillermo Fariñas y un triunfo póstumo de Orlando Zapata", quien murió después de una huelga de hambre, subrayó el académico mexicano.

Para Castañeda, la decisión de Cuba fue una "jugada política" en su estrategia de relaciones con otros países.

"Es lamentable que el Gobierno socialista de España se haya prestado a esa maniobra", opinó.

Es decir, que no ha colado. Moratinos vio que el régimen cubano estaba dispuesto a hacer un gesto importante de cara a la galería y se fue raudo y veloz a la isla para ver si podía salir en la foto con el dictador y con el cardenal Urosa. Precisamente el papel de éste ha sido esencial para lograr el compromiso del régimen a liberar 52 presos políticos.

Cuando dimos la noticia en InfoCatólica, yo sospechaba que nuestro ínclito "canciller" acabaría por asomar su angelical cara por tierras cubanas. Y no me equivoqué. Este es el gobierno de la foto, de la portada "chachi" en los periódicos y de las apariciones estelares en los telediarios. Para Zapatero, Cuba ha sido un poco la niña de sus ojos en política exterior. Siguiendo la estela del franquismo y del fraguismo -a los políticos gallegos les suele caer bien Fidel-, el presidente ha querido poner a España al servicio de la dictadura castrista, siendo su principal valedor ante Europa. Incluso sin guardar las formas. No hay más que ver el trato que ha dado a los disidentes tanto en la isla como fuera de ella.

No olvidemos que Moratinos es de los poquísimos ministros que ha aguantado en el cargo desde que Zapatero llegó a La Moncloa. El presidente sabía bien a quién elegía. No se conoce ministro de asuntos exteriores de país occidental que sea más amistoso con toda clase de dictadorzuelos y regímenes totalitarios. Desde Arafat hasta los Castro. Si a eso se le añade su capacidad cuasi preter-natural para hacer el ridículo cada vez que abre la boca, podemos hacernos una idea de cuál es la imagen que está dando nuestro país en el extranjero. Pero no tiene nada de particular. Con semejante presidente, no cabía esperar otro tipo de canciller.

Luis Fernando Pérez

¿Qué hacer cuando un traidor ocupa la presidencia del gobierno?

El titular de hoy en La Gaceta es uno de esos que en cualquier país normal, que tuviera un mínimo de respeto hacia sí mismo y su historia, supondría la caída de un gobierno, acompañado de la entrada en prisión de su presidente.

Efectivamente, José Luis Rodríguez Zapatero, esa plaga bíblica que el Señor ha enviado a España para castigarla por sus pecados (más de un millón de abortos, centenares de miles de divorcios, etc), no sólo ofreció a la banda terrorista la incorporación de Navarra a Euskadi, sino que además presume de ello.

Es decir, este miserable leonés nacido en Valladolid, se ciscó en la sangre derramada por los españoles asesinados por Eta y, no se sabe bien en base a qué autoridad, ofreció a los sanguinarios una de sus presas más cotizadas.

Parece también claro que su empeño personal en que saliera adelante el "estatut" de Cataluña iba encaminado a demostrar a los terroristas que él tenía capacidad de abolir la Constitución sin pasar antes por el lógico proceso de reforma constitucional previsto por la Carta Magna. Controlado el Tribunal Constitucional, asidas las riendas de un partido, el PSOE, cuya disciplina interna hace palidecer a la del mejor de los ejércitos, y con gran parte de los medios de comunicación dispuestos a jalearle, Zapatero pensó que era tiempo de conceder a los separatismos aquello que querían. De la única nación española que aparece en la Constitución, pasaríamos a una especie de conglomerado de naciones y regiones o comunidades autónomas, en las cuales la soberanía popular tendría diversos grados. En Cataluña y el País Vasco (Navarra incluida), quizás con Galicia al acecho y sin olvidar a Andalucía, el destino político dependería de los ciudadanos de esas "neo-naciones". No ocurriría así en el resto de regiones españoles, que a pesar de ser tan "históricas" como las ya mencionadas, no tendrían derecho a ser consideradas como nación.

Se da la circunstancia de que las Cortes españolas votaron mayoritariamente a favor de ese "estatut". Es decir, aceptaron que Cataluña es una nación. Paso previo a hacer lo mismo con el País Vasco y el resto de las regiones antes mencionadas.

Zapatero pensó que ETA se conformaría con ese botín. Los más violentos de la banda nacionalista vasca no aceptaron. Lo querían todo o nada. Pero poco a poco se les ha ido encarcelando, de manera que podemos encontrarnos en breve con un escenario en el que una ETA debilitada policialmente, sin dejar de amenazar con seguir matando, le dé una oportunidad al traidor de llevar a cabo su traición de forma completa.

Ya es triste que el gobierno una nación y la mayor parte de los ciudadanos - al fin al cabo le han votado- esté de acuerdo en lo básico con la banda que lleva asesinando a sus ciudadanos desde hace 40 años. Pero más triste es que la oposición a semejante villanía esté atada de pies y manos por su cobardía y su falta de patriotismo. ¿O acaso alguien piensa que el PP de Rajoy, ese en el que sobran María San Gil y se ataca a Mayor Oreja, ese que impulsó la cláusula Camps en Valencia y que en Galicia se burló de los que pedían que sus hijos recibieran clase en castellano, va a plantar de verdad cara al proyecto de descomposición nacional de Zapatero?

No, el PP de Rajoy está ahora al lado de Zapatero en su política pro-terrorista -me niego a llamarla anti-. Y necesitará de los nacionalistas para volver a la Moncloa, que es su único objetivo real.

Por tanto, el drama no es ya sólo qué hacemos con un presidente traidor sino con una clase política que quiere acabar con la historia de un país milenario. El ejército está incapacitado para mover un solo dedo en cumplimiento del papel que una Constitución inútil le ha asignado. Y el Rey, cómplice silencioso de todo lo que ha ocurrido, piensa que con decir cuatro típicos tópicos delante de la imagen del Apóstol Santiago, está todo hecho.

Ay, España, mi querida España. ¿quién llorará por ti cuando repartan tus despojos entre los perros que te han desmembrado? Puede que la historia los ponga en su sitio. Pero ya será demasiado tarde.

Luis Fernando Pérez

Echando un vistazo al magisterio de Mons. Guerra Campos (I)

Monseñor José Guerra Campos (1920-1997) fue uno de esos obispos de los que se podría decir que aunque pudiera parecer que llegaron al episcopado en el momento equivocado, cuando pastores y ovejas se dejaban "llevar de todo viento de doctrina a capricho de los engaños de los hombres y de las astutas maquinaciones del error" (Efesios 4,14), no se arrodilló ante el ídolo de lo políticamente correcto, no se echó para atrás a la hora de defender la identidad católica de España y supo ver, con claridad profética y apostólica, cuál era el destino que se abría delante de nuestra nación. Que el tiempo le ha dado la razón mucho antes de lo que probablemente él pensó, es algo que nadie con un mínimo de sensibilidad católica puede negar.

Ninguneado por buena parte de sus compañeros de episcopado, a pesar de haber sido el obispo español más destacado del Concilio Vaticano II, supo aceptar el quedarse como prelado de Cuenca, una de las diócesis más modestas de España. Daba igual. La grandeza de un obispo no viene dada por la sede que ocupa sino por su fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al ministerio que Dios le ha otorgado. Junto con otros pocos obispos, entre los que destacaba el Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de España, S.E.R Marcelo González Martín -conocido por todos como "Don Marcelo"-, decidió advertir de que detrás de lo que estaba ocurriendo en la ahora idolatrada Transición -se escribe hasta con mayúscula- no había una fuente de bendiciones para la nación española sino todo lo contrario.

La participación en la Transición, y en la aceptación de la Constitución, por parte de la mayor parte de la Iglesia Católica en España fue recordada no hace mucho por la Conferencia Episcopal Española:

Sobre el trasfondo espiritual de la reconciliación fue posible la Constitución de 1978, basada en el consenso de todas las fuerzas políticas, que ha propiciado treinta años de estabilidad y prosperidad, con las excepciones de las tensiones normales en una democracia moderna, poco experimentada, y de los obstinados ataques del terrorismo contra la vida y seguridad de los ciudadanos y contra el libre funcionamiento de las instituciones democráticas. Cuando ahora se dice que la Iglesia católica es “un peligro para la democracia”, se olvida que la Iglesia y los católicos españoles colaboraron al establecimiento de la democracia y han respetado sus normas e instituciones lealmente en todo momento. (Orientaciones morales ante la situación actual de España, Instrucción pastoral de la CEE, 1986)

Antes de seguir adelante, me parece conveniente recordar un dato. Mientras que el terrorismo de ETA ha causado algo más de mil víctimas mortales, llevamos cerca de un millón y medio de españolitos que no han podido ver la luz del sol gracias en gran medida a las muy democráticas leyes promulgadas por las Cortes españolas en esos treinta años de "estabilidad y prosperidad". Efectivamente, los católicos de este país hemos sido muy respetuosos con las normas democráticas y todas sus consecuencias.

No en vano, el Cardenal Tarancón, cabeza visible de esa Iglesia que colaboraba en la instauración del actual régimen, nada menos que del entonces Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Tarancón, reconoció en un libro-entrevista autobiográfico que los Obispos eran conscientes de que el cambio político traería, entre otros males, la aprobación del aborto, pero que no les quedaba otra opción que apoyar tal cambio por respeto al pluralismo político. Que es cierto que aprobaron algo que sabían que iba a traer el Holocausto a los vientres de las madres españoles es evidente. Que no tenían otra opción es sencilla y llanamente mentira. Mons. Guerra Campos es prueba de ello. Debió pensar que por encima del respeto al pluralismo político estaba la defensa de la vida e incluso de la condición católica de la nación.

En una carta dirigida a sus fieles, titulada "La Iglesia y la comunidad política", el obispo conquense recordaba las palabras del Papa Juan Pablo II a los Obispos de la Provincia eclesiástica de Toledo y de la Archidiócesis de Madrid y al Ordinario Castrense en diciembre de 1986:

"Sé que estáis preparando, sobre todo en Toledo, la celebración de un acontecimiento eclesial de particular importancia, el XIV centenario del III Concilio de Toledo (año 589), que marcó el momento decisivo de la unidad religiosa de España en la fe católica. A distancia de siglos nadie puede dudar del valor de este hecho de los frutos que se han seguido en la profesión y transmisión de la fe católica, en la actividad misionera, en el testimonio de los santos, de los fundadores de órdenes religiosas, de los teólogos que honran con su memoria el nombre de España. La fe católica ha desarrollado una idiosincrasia propia, ha dejado una huella imborrable en la cultura y ha impulsado los mejores esfuerzos de vuestra historia. En la nueva fase de la sociedad española es también necesario que los católicos mantengan una unidad de orientación y de actuación para iluminar la cultura con la fe y testimoniar el Evangelio en la vida".

En el mismo discurso, señalaba Guerra Campos, el Papa denunciaba las actitudes secularistas que operaban en España en los años precedentes, tendentes a que el mensaje evangélico no ejerciera su función iluminadora en medio de la sociedad. Aprovechando las palabras del Santo Padre, el obispo escribía:

La valoración positiva de la "unidad católica", afirmada en tiempo "conciliar" por Juan Pablo II y también por Pablo VI y Juan XXIII, y todo lo que ella evoca en cuanto a relaciones Iglesia-Estado produce cierta incomodidad en sectores de la Iglesia española y en otras de historia semejante. Por lo pronto, hay corrientes que repudian una tradición histórica en que la "unidad católica" y la "confesionalidad" eran integrantes del orden político. Pero también se sienten incómodas personas que, reconociendo los valores de aquella tradición en la perspectiva de su tiempo, estiman necesarios otros modos de servirlos en el tiempo actual. Piensan que se ha producido, para bien, un corte en la historia, y temen que el aprecio del pasado induzca en la nueva etapa actitudes de continuismo, que reputan perniciosas, aunque sólo tengan la forma de nostalgia. En este ámbito mental las ideas tradicionales causan perplejidad. No se ve cómo conciliar los valores de antes y los de ahora.

Tras relatar una serie de hechos acontecidos durante el CVII, y que afectaban a la imposibilidad de no poder denunciar el comunismo soviético por razones de presión política, Mons. Guerra Campos explicaba lo siguiente:

El influjo y las intervenciones para que la acción política sea conforme al orden moral y favorezca el ejercicio de la acción de la Iglesia (leyes y gobierno en favor de la familia, la sana educación, el sano ambiente público, la ayuda a la vida religiosa, etc.) podrán practicarse en forma más o menos acertadas, pero no están fuera del servicio a la misión propia de la Iglesia. En realidad la "politización" radical se da en la supuesta "no intervención", si se cae en la tentación de reducir la acción de la Iglesia a "facilitar" la convivencia pluralista (tarea central de la política) "debilitando para ello el ejercicio de su misión propia. Su misión la obliga a ser más que una oferta entre otras en el mercado; la obliga a proponer la llamada, la promesa y la exigencia de Dios. El peligro que acecha ahora es que cuando se habla de renunciar a la Iglesia-cristiandad para ser Iglesia-misión, sea la misión la que, paradójicamente, se oscurezca.

 ¿Y bien? ¿tenía o no tenía razón este pastor?

Continuará...

Luis Fernando Pérez

La familia, esa institución tan molesta

Yo no sé si espantado por la propia, pero a Zapatero la institución familiar le molesta. Desde que llegó al poder ha hecho todo lo que está en su mano para cambiarla y acabar con ella. Primero promulgando una ley por la que se establece como matrimonio algo que, por ley natural y hasta por sentido común, no lo es: la unión entre dos homosexuales. Luego vino el divorcio express, por el que se consigue algo insólito: cuesta menos tiempo romper legalmente un matrimonio que un acuerdo mercantil.

No contento con cambiar las leyes que abordan explícitamente la unión matrimonial, Zapatero se empeñó en meter sus zarpas en las relaciones entre padres e hijos. A los primeros les impone una asignatura, EpC, que puede convertirse en un instrumento de adoctrinamiento estatal a sus hijos de primer orden. Y además, les impide objetar. A los segundos, o más bien a las segundas, les libera de la autoridad paterna a la hora de tomar una decisión tan grave, y horrorosa, como abortar.

Lo último ha sido la decisión de acabar con el tradicional Libro de Familia. No habrá ya más registro de familias sino de personas individuales, que lo mismo tienen un padre que dos, una madre que dos, una boda que seiscientas, 4 hijos que ninguno.  Puede que este cambio sea más simbólico que efectivo, pero a estas alturas de la función, ¿quién duda que detrás de lo simbólico hay una fuerza capaz de moldear una sociedad que se ha convertido en barro espurio en manos de un alfarero peligroso?

Eso sí, no cunda el pánico. Cuando gobierne Rajoy, todo volverá a la normalidad. Retirará la ley del matrimonio homosexual, endurecerá las condiciones para alcanzar el divorcio y se pondrá manos a la obra para acabar con el aborto. Es más, lo mismo Rajoy nos consigue a todos un pasaje - con camarote de lujo- en la nave Entreprise, comandada por el Capitán Piccard. Todo es plan de que se lo proponga el gallego. Menudo es él...

Luis Fernando

Quo Vadis, Antonio María?

Por indicación de personas que estimo mucho, y que se han sentido molestas, he preferido retirar este post sobre Rouco de Infocatólica. Quiero que conste que la decisión final ha sido mía y sólo mía. No ha habido presiones eclesiales ni de altas jerarquías. 

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Cuenta una bonita tradición eclesial que el apóstol san Pedro decidió salir de Roma para evitar el martirio por la persecución neroniana. Caminando por la Vía Apia, se encontró con Cristo que iba cargando la cruz en dirección a Roma. Entonces el apóstol le preguntó “Quo vadis, Domine?". Y el Señor le respondió: “Mi pueblo en Roma te necesita, si abandonas a mis ovejas yo iré a Roma para ser crucificado de nuevo". Ante semejante respuesta, San Pedro se dio media vuelta y regresó a Roma donde murió como mártir.

Independientemente de la veracidad histórica del relato -históricamente es seguro que Pedro murió martirizado en Roma-, el mismo apunta a un hecho fundamental. Todo aquel a quien le haya sido encomendado por el Señor el pastoreo de su rebaño, tiene el deber de acompañar a las ovejas y no dejarlas de lado cuando vienen dificultades. No es que el martirio haya que buscarlo “per se", pero si llega, no se puede huir del mismo.

La Iglesia en España sabe muy bien lo que es el martirio. El siglo pasado dio un ejemplo al mundo entero de su fortaleza al enfrentar una persecución brutal, como no ha conocido otra la historia del cristianismo en este continente, y quizás sólo equiparable a la de los cristeros en México. En esta tierra murieron todo tipo de católicos, obispos, sacerdotes, religiosos, monjas, seglares y hasta jóvenes y niños por el mero hecho de ser católicos. No se produjo, que se sepa, ninguna apostasía. A quienes se les ofreció salvar la vida renunciando a Cristo, prefirieron entrar por la puerta grande de la vida eterna antes que ganarse unos cuantos años más en esta vida terrena.

Pero las circunstancias han cambiado. Hoy en España no vivimos una persecución contra la Iglesia, aunque obviamente sí contra sus valores, contra sus enseñanzas, contra sus propuestas de cara al bien común de la sociedad. De momento no se mata ni se lleva a la cárcel a nadie por ser un católico consecuente con su fe. Ahora bien, poco a poco vamos viendo actuaciones encaminadas hacia un tipo de persecución de perfil “bajo” contra los fieles al Señor.

La objeción de conciencia ante leyes injustas es una especie en peligro de extinción en este país. Lo vemos con la asignatura Educación para la Ciudadanía, donde unos pocos centenares de padres están luchando por su derecho a que sus hijos no sean adoctrinados por el estado zapateril. Lo vemos con el caso del juez Ferrín Calamita, a quien le ha caído una sentencia alucinante por atreverse a pedir informes sobre la viabilidad de la adopción de un menor por parte de la pareja lesbiana de su madre. Lo veremos con la ley del aborto, donde parece que se puede garantizar el derecho de los médicos a no practicar abortos pero no al resto de profesionales sanitarios que son necesarios para dicha operación de asesinato de un ser inocente. Y lo vemos también en el caso de las farmacias en Andalucía que, bajo pena de multa, tienen la obligación de dispensar píldoras abortivas, no pudiendo aducir la falta de existencias. Tal hecho lo denunció hace un par de días el padre José-Fernando Rey en su recién inaugurado blog en InfoCatólica.

Todo ello es fruto de leyes injustas. El hecho de que hayan sido aprobadas en el seno de un régimen democrático no las convierte en justas. Asesinar a los hijos antes de nacer es una salvajada tanto si lo vota un parlamento como si lo impone el tirano más repugnante del mundo. Obligar a entregar medicamentos que buscan impedir la anidación de embriones humanos va en contra no sólo de la moral católica sino hasta del juramento hipocrático, que reza así: “De la misma manera, no daré a ninguna mujer pesarios abortivos". Eso no lo puede cambiar ninguna norma gubernamental. En definitiva, la condición de una ley no depende tanto de quién la ha promulgado como de su contenido. Y la doctrina del magisterio de la Iglesia es siempre claro y rotundo: las leyes injustas no sólo no obligan, sino que deben ser rechazadas explícitamente.

Así lo afirmó recientemente el arzobispo de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín, en relación a la ley del aborto, en una contundente carta dirigida a sus fieles, titulada “Impidamos la tiranía”. Decía don Francisco:

Es una falacia afirmar que esta ley ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y que éste representa a la mayoría de los ciudadanos; o decir que si el Tribunal Constitucional lo dictamina conforme, sería una desobediencia oponerse, y merecería una sanción. La falacia consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen.

Y añadía:

Nadie tiene derecho a legislar que se puede matar a un inocente. ¿Qué sociedad subsistiría si declarase que es un derecho ciudadano matar a las personas inocentes por mayoría? En el mejor de los supuestos, se convertiría en una tiranía, contra la cual deberían reaccionar las personas rectas, según este consejo de Gandhi: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”.

Si algo se le puede reprochar al arzobispo castellano es que cite más a Gandhi y a otros autores no cristianos que a grandes santos de la Iglesia, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Luis, nuestro comentarista habitual, le citó ayer en los comentarios a la noticia que ha provocado este post:

Santo Tomás de Aquino, Summa, I-IIae, q. 96:
“Respondo: Las leyes dadas por el hombre, o son justas, o son injustas. En el primer caso tienen poder de obligar en conciencia en virtud de la ley eterna, de la que se derivan, según aquello de Prov 8,15: Por mí reinan los reyes y los legisladores determinan lo que es justo. Ahora bien, las leyes deben ser justas por razón del fin, es decir, porque se ordenan al bien común; por razón del autor, esto es, porque no exceden los poderes de quien las instituye, y por razón de la forma, o sea, porque distribuyen las cargas entre los súbditos con igualdad proporcional y en función del bien común. Pues el individuo humano es parte de la sociedad, y, por lo tanto, pertenece a ella en lo que es y en lo que tiene, de la misma manera que la parte, en cuanto tal, pertenece al todo. De hecho vemos que también la naturaleza arriesga la parte para salvar el todo. Por eso estas leyes que reparten las cargas proporcionalmente son justas, obligan en conciencia y son verdaderamente legales.
A su vez, las leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque se oponen al bien humano, al quebrantar cualquiera de las tres condiciones señaladas: bien sea la del fin, como cuando el gobernante impone a los súbditos leyes onerosas, que no miran a la utilidad común, sino más bien al propio interés y prestigio; ya sea la del autor, como cuando el gobernante promulga una ley que sobrepasa los poderes que tiene encomendados; ya sea la de la forma, como cuando las cargas se imponen a los ciudadanos de manera desigual, aunque sea mirando al bien común. Tales disposiciones tienen más de violencia que de ley. Porque, como dice San Agustín en I De lib. arb.: La ley, si no es justa, no parece que sea ley. Por lo cual, tales leyes no obligan en el foro de la conciencia, a no ser que se trate de evitar el escándalo o el desorden, pues para esto el ciudadano está obligado a ceder de su derecho, según aquello de Mt 5,40.41: Al que te requiera para una milla, acompáñale dos; y si alguien te quita la túnica, dale también el manto.
En segundo lugar, las leyes pueden ser injustas porque se oponen al bien divino, como las leyes de los tiranos que inducen a la idolatría o a cualquier otra cosa contraria a la ley divina. Y tales leyes nunca es lícito cumplirlas, porque, como se dice en Act 5,29: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.

Lo que escribió el Aquinate forma parte de la doctrina católica refrendada por magisterio eclesial anterior y posterior a él. Es más, yo diría que forma parte del sentido común.

Pues bien, hete aquí que al presidente de la Conferencia Episcopal Española, al cardenal y arzobispo de Madrid, S.E.R D. Antonio María Rouco Varela, no se le ocurrió mejor cosa que responder lo siguiente a la pregunta sobre la actitud de algunos presidentes autonómicos del PP que amagaron con no cumplir la nueva Ley del aborto mientras el Tribunal Constitucional no se pronunciara sobre la misma:

“Una cosa es el principio de separación entre la vida pública y la vida privada y otra distinta las responsabilidades morales y éticas que tiene un gobernante en relación con la ley vigente. En un sistema jurídico como el nuestro, tiene que aplicarla, y si no la aplica tendrá que renunciar a su cargo. Hay que aplicarlo a las situaciones concretas, porque para un gobernante es una obligación, tiene la obligación del sistema jurídico vigente en una democracia de cumplir la ley. No está por encima de la ley. Otra cosa es qué hace con su conciencia ante una ley que es injusta. Eso es un problema que habría que ver en cada caso cómo se resuelve".

O sea, para el cardenal Rouco, si eres un gobernante católico y te encuentras con una ley injusta -¿la hay más injusta que la del aborto?-, tú de momento tienes que cumplir la ley. Y si no, dimites. Primero cumples la ley y luego ya te las apañarás con tu conciencia, si puedes.

Tomando el ejemplo de otro de los comentaristas a la noticia, siguiendo el argumento del cardenal, un alcalde católico en la Alemania de Hitler -que llegó al poder ganando en las urnas- debería haber colaborado en la búsqueda y deportación de judíos porque la ley así lo ordenaba. Y si no, renunciar a su cargo.
¿De verdad es consciente Su Excelencia Reverendísima de lo que ha dicho? ¿desde cuándo un príncipe de la Iglesia pone por delante, o al mismo nivel, su condición de jurista a su condición de pastor de los fieles? ¿en qué lugar deja a los poquísimos políticos católicos de este país que quieran dar testimonio de su oposición radical a las leyes injustas que provocan muertes inocentes? ¿la opción que les queda es dimitir?

Por supuesto el cardenal condena el aborto. Eso nadie lo duda. Pero ya sí dudamos si para don Antonio María está antes la objeción de conciencia al cumplimiento de leyes injustas. O si para él, la consecuencia lógica de dicha objeción es abandonar la profesión. Porque digo yo que lo que dice el presidente de los obispos españoles de los políticos, se puede decir de médicos, profesores, farmacéuticos, jueces, fiscales, etc. Si un farmacéutico no quiere dispensar píldoras abortivas, que cierre el negocio. Antes está el cumplimiento de la ley. Si un profesor se niega a dar la asignatura de la EpC de acuerdo a contenidos de dudosa validez moral, que abandone el magisterio. Antes está el cumplimiento de la ley. Y si a una enfermera le obligan a participar en un aborto, que deje de ser enfermera. Antes está el cumplimiento de la ley. O sea, volvamos a las catacumbas. Conste que esa es una opción legítima. Ahora bien, ¿es la que quiere la Iglesia para hoy? ¿no es mejor plantar cara a la ley injusta? ¿no es mejor negarse a cumplirla y que luego sea el sistema lo que decide hacer con nosotros? ¿le vamos a facilitar la labor a los que nos quieren expulsar de la vida pública largándonos nosotros mismos?

Aunque es evidente que hay una contradicción entre lo dicho ayer por el cardenal Rouco y lo escrito días atrás por el arzobispo de Valladolid y por otros obispos y papas a lo largo de la historia, no se piensen ustedes que esto es casual. La actitud de buena parte del episcopado español ante determinadas leyes injustas emanadas del actual sistema democrático ha sido, como poco, chocante. Por ejemplo, los mismos obispos que clamaban contra la EpC y apoyaban a los padres objetores, luego permitían que la asignatura se diera en sus colegios diocesanos. Los mismos obispos que advertían a los políticos católicos de que si votaban a favor de la ley del aborto no podían comulgar, miraban para otro lado ante la pregunta de cuál era la actitud que el Rey debía de tomar ante dicha ley. Hoy ya sabemos lo que piensa el cardenal Rouco sobre ese tema. El Rey debía firmar o renunciar. Pero por encima de todo, firmar. Luego ya se las verá con su conciencia.

Llevo tiempo diciendo que el actual sistema democrático no puede merecer otra cosa que la condena más firme por parte de la Iglesia. Es semilla y fuente de leyes criminales e injustas. Y un pastor de almas tiene como obligación primera la denuncia de la injusticia y la exhortación a combatir el mal. No a someterse al mismo.

No necesitamos pastores que nos digan en qué consiste la ley de los hombres. Necesitamos pastores que nos recuerden cuál es la ley de Dios. Y si no, que se dediquen a dar clases en universidades y no a poner sus conocimientos y sabiduría al servicio de un sistema que produce más de cien mil muertes de inocentes al año en España. Ya está bien de apelar a una Constitución que se ha convertido en una ramera maltratada por los gobernantes. Esta Constitución no nos vale a los cristianos. Con ella llevamos más de un millón de niños asesinados antes de nacer. Con ella, ya lo verán, se admitirá que se llame matrimonio a lo que no es matrimonio. Con ella se admite que se llame nación a una región española. Señores obispos, dejen ya de sacralizar lo que ya es un instrumento de iniquidad (Don Marcelo -cardenal-, Mons. Guerra Campos y otros pocos obispos tenían razón). Sean valientes y firmes de una vez por todas, que mejor es ser ridiculizado y perseguido por decir la verdad que convertirse en cómplice de la iniquidad.

Hoy no es San Pedro quien pregunta al Señor a dónde va con la cruz camino de Roma. Hoy es el Señor quien pregunta al cardenal Rouco: “Quo Vadis, Antonio María?". Ojalá el cardenal rectifique y reconozca que ayer cometió un error. De sabios es rectificar. Y si se es pastor de la Iglesia, con mayor razón. No es una opción. Es su deber.

Luis Fernando Pérez